Luego del incumplimiento del acuerdo de Barbados, las denuncias hacia ExxoMobil y Guyana y también, el boom mediático tras la detención de la abogaba Rocío San Miguel, las relaciones internacionales del gobierno siguen tambaleando con la suspensión de las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el territorio venezolano.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, anunció la mañana de este jueves, 15 de febrero, la decisión de suspender las actividades de la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Caracas y ordenó la salida del país de los funcionarios que trabajaban en cuya oficina.
También mencionó que, en los próximos 30 días, revisarán los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento firmada con esa oficina, por lo que solicitó que el personal adscrito a la ACNUDH abandonara el país en las siguientes 72 horas, «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas».
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, argumentó Gil.
Para el ministerio, la ACNUDH ha “exacerbado sus ataques” contra Venezuela y ha mantenido una postura “claramente sesgada y parcializada”, lo que ha generado “impunidad” para personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones, entre otros.
Aun cuando se argumenta que la ACNUDH incumple «el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados», manifestó su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, “sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos”.
La decisión se produce luego de que, tras la detención de la activista de DDHH, Rocío San Miguel, la oficina del ACNUDH, Volker Türk, dijo que, con profunda preocupación, seguía los hechos y que calificaba la detención de San Miguel como «desaparición forzada» y exigió a su liberación.
Cabe señalar que, esta oficina fue instalada en el país, en 2019 Venezuela, lo que implicaba la presencia de un equipo en el terreno.
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