Venezuela enfrenta una grave crisis en materia de salud sexual y reproductiva, particularmente en lo que respecta al embarazo adolescente. Según la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), el país posee la tasa más alta de embarazo en adolescentes de Sudamérica, con 84,6 casos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años, duplicando el promedio regional.
Las estadísticas revelan que la mayoría de estos embarazos ocurren en barriadas urbanas caracterizadas por altos niveles de pobreza, deficiencias en el acceso a servicios sanitarios e higiene menstrual, fallas en el suministro de agua potable y un grave deterioro del ingreso familiar producto de la hiperinflación.
A esta situación se suma la disgregación familiar, consecuencia del éxodo migratorio que ha dejado a miles de niños y adolescentes al cuidado de familiares o personas allegadas, generando un entorno vulnerable que propicia embarazos a temprana edad.
La crisis educativa en Venezuela no es ajena a este panorama.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) de 2023 indica que el 40% de los estudiantes entre 3 y 17 años no asiste a clases con regularidad.
La desescolarización y el abandono escolar también son alarmantes. Más allá de la pandemia del Covid-19, el retorno a las aulas ha sido parcial debido a las precarias condiciones de los planteles y la baja remuneración de los docentes.
Falta de acceso a anticonceptivos
La escasez, los bajos ingresos y la deficiente educación sexual son factores que limitan el acceso a métodos anticonceptivos en Venezuela. Según las cifras, solo el 26,6% de las mujeres utiliza métodos anticonceptivos, lo que agrava la problemática del embarazo adolescente.
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