Y no es por andar echándole leña al fuego que no cesa en los cuarteles, pero que hicieron con el Sobre Número Uno, que contiene las Actas Originales de cada Centro de Votación, donde los efectivos militares del Plan República, certificaron al igual que los miembros y testigos de cada Mesa Electoral, que el candidato Edmundo González Urrutia, resultó ganador por abrumadora mayoría, en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
El Ciudadano Fiscal General, experto en elaborar “experticias” incriminatorias contra cualquier ciudadano que haciendo uso de sus derechos constitucionales, se atreva a poner en duda las “verdades” de Elvis Amoroso y Carlyslia Rodríguez, ha tenido el atrevimiento de citar a quien ha sido vulgarmente víctima de un gigantesco fraude electoral, acusándolo por los presuntos delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.
Se atreverá Nicolás Maduro y toda su cofradía de militarotes y jefes políticos del PSUV a imputar y encarcelar en las mazmorras del Helicoide al presidente electo por más de 7 millones de venezolanos y, que hoy cuenta con el respaldo no solo de quienes votaron por él sino por la OEA, ONU, Unión Europea, el Parlamento de los EEUU y por no dejar por sus propios aliados inmediatos como Lula, AMLO y Petro, quienes han insistido como todo el mundo, en que este “conflicto” se debe dilucidar con las Actas sobre la Mesa y en presencia de Veeduría Internacional.
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Al decir verdad, a quienes debe citar el Ciudadano Fiscal General, es a cada uno de los Militares que participaron en el Plan República, a los Miembros de Mesa y Testigos Electorales, para que le expliquen con lujo de detalle cómo fue que 7.303.480 venezolanos votaron por Edmundo y que hoy son la palabra viva de que el 28 de julio, Venezuela salió a rescatar el orden constitucional. y que, por esas razones, junto a su Presidente Electo se mantienen firmes en la decisión de que jamás acataran una sentencia fraudulenta que se pretende imponer sin actas.
