El Gobierno de Venezuela anunció este lunes que se reservará el derecho de tomar acciones legales para «reparar» el daño causado por la confiscación del avión oficial del presidente Nicolás Maduro, el cual lo tomaron en República Dominicana por orden de las autoridades de Estados Unidos, en el marco de las sanciones aplicadas a Caracas.
En un comunicado publicado en Telegram, la administración chavista denunció ante la comunidad internacional que las autoridades de Estados Unidos mantienen una «piratería» en contra de Venezuela bajo la «justificación» de las sanciones.
Venezuela «se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal» de EE.UU., señaló el Ejecutivo de Maduro.
Según Washington, la aeronave, que la transfirieron a Florida por «comprarla ilegalmente» por 13 millones de dólares, resulta un Dassault Falcon 900EX propiedad de Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que la operaban en su nombre.
Según la investigación de las autoridades estadounidenses expone que, a finales de 2022 y principios de 2023, «personas afiliadas» a Maduro presuntamente usaron «una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida».
