La Casa Blanca tiene programado anunciar hoy un paquete de sanciones contundentes dirigidas a represores y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, en respuesta al fraude electoral que lo benefició en las recientes elecciones presidenciales.
Además, estas medidas buscan castigar a miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), quienes facilitaron la manipulación de los resultados y la sistemática violación de derechos humanos para mantener el control sobre la oposición.
Las sanciones, que se espera incluyan la revocación de visas y acusaciones penales por corrupción, afectarán a entre 15 y 20 altos funcionarios del gobierno chavista.
Entre los posibles sancionados se encuentran jueces del TSJ que validaron el fraude, así como miembros del CNE que, bajo presión internacional, se negaron a proporcionar transparencia en el proceso electoral.
Cuatro integrantes del Consejo Nacional Electoral están bajo sospecha de los Estados Unidos:
1. Elvis Amoroso, presidente del CNE
2. Carlos Quintero, vicepresidente del CNE
3. Rosalba Gil, rectora principal del CNE
4. Acmé Nogal, rectora principal del CNE.
Asimismo, el enfoque de Estados Unidos también contempla una coordinación con Brasil, Colombia y la Unión Europea para presionar a Maduro a reconocer su derrota frente a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.
A pesar de los esfuerzos diplomáticos, el régimen sigue mostrando resistencia, apoyado por las fuerzas armadas y un aparato de seguridad que ha intensificado la represión en las calles venezolanas.
Mientras tanto, la administración Biden mantiene canales de comunicación reservados con el régimen para explorar una posible mesa de negociación.
Sin embargo, Maduro parece confiar en la lealtad de sus allegados, desestimando cualquier posibilidad de transición democrática y cerrando filas contra González Urrutia y Machado, quienes enfrentan un entorno cada vez más adverso.
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