La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido una nueva denuncia contra el Estado venezolano relacionada con los trágicos sucesos ocurridos el 11 de abril de 2002.
En aquella ocasión, una manifestación pacífica fue reprimida violentamente por las fuerzas del orden, dejando un saldo de siete personas fallecidas y cinco heridas.
La denuncia presentada ante la CIDH detalla una serie de graves violaciones a los derechos humanos, entre las que se encuentran detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
En su informe de fondo, la Comisión determinó que agentes estatales emplearon de manera desproporcionada la fuerza, causando la muerte de al menos siete personas en diferentes puntos de la ciudad.
La CIDH ha expresado su profunda preocupación ante la falta de justicia en este caso, ya que a pesar del paso de más de dos décadas, no se ha esclarecido lo sucedido ni se ha condenado a los responsables.
La Comisión también destacó que, tras más de 20 años el caso no ha sido esclarecido ni se ha condenado a ninguna persona, lo que evidencia una situación de impunidad y falta de una investigación adecuada.
