La reciente detención de Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo, ha generado una gran preocupación en la segunda ciudad más importante de Venezuela.
La captura, que se produjo en un contexto de poca transparencia, ha sido denunciada por Vanessa Linares, primera dama y ahora directora general de la Alcaldía, quien asegura que se han violado los derechos de Ramírez al ser privado de sus defensores, lo que contradice el debido proceso establecido en la Constitución.
Cuatro días después de su detención, Linares afirma que no se tiene información sobre el estado de Ramírez y que nadie ha podido verlo. Su nombramiento como directora general fue una decisión tomada por Diana Berríos, quien también ha enfrentado consecuencias legales desde el 4 de octubre.
Bajo el Decreto Delegatorio de Atribuciones y Firma Nº 006-2024, Ramírez había delegado a Berríos ciertas atribuciones, incluyendo la firma de documentos administrativos.
Sin embargo, la situación se complica debido a la confusión en la Alcaldía sobre quién debe asumir el cargo en su ausencia.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, el concejo tiene la potestad de designar a un funcionario de alto nivel para relevar al alcalde en caso de detención, pero esto solo se aplica en ausencia absoluta.
Sergio Urdaneta, abogado constitucionalista, aclara que la detención no constituye una ausencia definitiva, ya que no hay una sentencia firme. La confusión se acentúa con la incertidumbre sobre el paradero de Betty Ramos, quien debería haber asumido el relevo temporalmente.
Mientras tanto, se rumorea que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) tiene un listado de posibles detenciones adicionales que incluye a varios concejales, lo que añade más tensión a la situación política en Maracaibo.
El Concejo Municipal tiene previsto sesionar el próximo martes, y se espera que la situación legal del alcalde y su ausencia temporal sean temas centrales del debate.
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