Este martes, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha presentado un nuevo informe que señala la existencia de «crímenes de lesa humanidad» por parte del gobierno de Nicolás Maduro, en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Este documento, que abarca el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, detalla una serie de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual y de género.
El informe destaca la implicación de fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales en estas violaciones. Se menciona específicamente a organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, quienes habrían llevado a cabo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas.
Además, se critica al Consejo Nacional Electoral por su falta de transparencia y a la Asamblea Nacional por aprobar leyes que restringen los derechos humanos y el espacio cívico. El sistema judicial también es señalado por operar sin la debida independencia.
El informe resalta que, durante el periodo electoral, el perfil de las víctimas se amplió significativamente, afectando no solo a líderes opositores y activistas sociales, sino también a ciudadanos comunes que expresaron su desacuerdo con el gobierno o con los resultados electorales. Al menos 48 personas fueron detenidas en el marco de supuestas conspiraciones del gobierno, y otras 121 fueron arrestadas por apoyar actividades opositoras.
La represión se intensificó tras los resultados electorales, con una ola de detenciones masivas e indiscriminadas, comparable solo con las protestas de 2014, 2017 y 2019.
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