“Por terroristas se van a pudrir en la cárcel”. Estas son las palabras que escuchan repetidamente los 952 detenidos políticos que se encuentran en el Internado Judicial de Aragua, en Tocorón.
Familiares de los detenidos arbitrariamente informaron al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que “los han estado coaccionando para que admitan los hechos, pero ellos están muy claros: nadie puede declararse culpable de un delito que no han cometido y que tampoco tienen pruebas”.
Según sus relatos, estas presiones vienen por parte de funcionarios del centro penitenciario, quienes les dicen a los privados de libertad que deben asumir los hechos para rebajar sus penas, de lo contrario la condena puede pasar de 20 años, situación que preocupa y altera a los detenidos.
Una de las irregularidades reportadas al OVP indica que a los privados de libertad ya les habían fijado fecha para la audiencia preliminar, algunas eran después del 15 de octubre, pero las comenzaron adelantar sin notificación y estas las hacen vía telemática desde el mismo penal. Los horarios, según informan los familiares, son inusuales, unas audiencias las inician a medianoche y otras en plena madrugada.
Además a los reclusos los quieren hacer firmar y poner sus huellas en hojas en blanco, supuestamente para indicar que sí tuvieron acompañamiento de un abogado: sin embargo, estas audiencias se llevaron a cabo sin permitir el ingreso de los abogados de confianza y los defensores públicos impuestos no presentaron los documentos enviados por los familiares.
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