La ONG Foro Penal ha denunciado una «sistemática» violación del derecho a la defensa en Venezuela, especialmente tras las recientes elecciones presidenciales del 28 de julio. Durante una rueda de prensa, el presidente de la organización, Alfredo Romero, afirmó que a los detenidos en el contexto de la crisis poselectoral se les ha impedido designar a un abogado de confianza, siendo obligados a aceptar defensores públicos.
Romero subrayó que el sistema procesal penal y la Constitución garantizan que los individuos tengan la libertad de elegir a su abogado. Sin embargo, desde las elecciones, todos los detenidos han tenido que conformarse con defensores públicos impuestos, lo que contraviene el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que solo en casos excepcionales se designa un defensor público.
La ONG intentó acceder a los detenidos en varios centros de reclusión, llevando las designaciones firmadas por familiares, pero no ha logrado obtener acceso a ellos. Esta situación genera preocupación, ya que implica una grave violación al derecho a la defensa, un derecho humano fundamental. Además, muchos detenidos desconocen los motivos de su arresto y no han tenido acceso a sus expedientes.
Foro Penal reporta que actualmente hay 1.976 «presos políticos» en Venezuela, de los cuales 1,848 fueron arrestadostras las elecciones, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición. La organización también reveló que existen 18 casos de personas cuyos paraderos se desconoce, con testimonios de familiares que indican que fueron interceptados por supuestos funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado.
La ONG continúa trabajando para ubicar a estos ciudadanos y exigir el respeto a sus derechos fundamentales en el país.
Con información de EFE
