La diputada Iris Varela, representante del chavismo, propuso en la Asamblea Nacional la anulación de todos los documentos de identificación y registros de personas y empresas que ella califica como «traidores de la patria». Esta declaración se realizó durante una sesión legislativa el 21 de noviembre, donde Varela argumentó que es necesario actuar contra quienes, a su juicio, cometieron delitos graves contra el país.
Varela señaló que, a través de «artilugios jurídicos», algunos individuos intentan evadir las consecuencias de sus acciones. «Buscan cualquier subterfugio para tratar de quedar impunes», afirmó la diputada, quien también manifestó su apoyo a la propuesta del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de inhabilitar políticamente a quienes respalden la Ley Bolívar en Estados Unidos.
En su intervención, Varela defendió la legalidad de su propuesta, citando el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece limitaciones a las penas. Sin embargo, indicó que el gobierno tiene la facultad de gestionar los registros públicos, lo que permitiría la anulación de documentos de manera administrativa.
Esta propuesta generó controversia y preocupación entre sectores de la oposición y defensores de los derechos humanos, quienes ven en estas acciones un intento más de silenciar a los críticos del régimen y limitar las libertades individuales en el país.
