La ONG Provea ha denunciado que en Venezuela se cumplen tres años de estancamiento del salario mínimo, que actualmente se sitúa en 130 bolívares mensuales, equivalentes a aproximadamente dos dólares. Este salario no ha sido ajustado desde 2022, aunque para los empleados públicos se complementa con bonos gubernamentales que pueden alcanzar hasta 130 dólares, los cuales no se consideran parte del salario laboral.
Provea señaló que el estancamiento deliberado del salario ha devastado el ingreso y el ahorro de las familias venezolanas, promoviendo una dependencia de bonificaciones que, según la organización, buscan justificar el despojo de derechos laborales. Este fenómeno ha llevado a que el salario mínimo “deje de existir” tanto en la práctica como en el discurso oficial.
La organización criticó la gestión de Nicolás Maduro, afirmando que ha desmantelado la institucionalidad de la negociación colectiva, un derecho amparado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, Provea destacó que el modelo económico impuesto por el gobiernoes opaco y desconectado de las necesidades de la población.
Los 130 bolívares de salario mínimo, que alguna vez equivalieron a 30 dólares en marzo de 2022, reflejan un contexto económico crítico, donde expertos advierten que el país no tiene la capacidad para aumentar el salario a los 200 dólares mensuales exigidos por los sindicatos. En su lugar, el gobierno ha optado por implementar bonos que no cuentan como beneficios laborales.
Este panorama ha generado un clamor por un aumento «digno» del salario mínimo, mientras el gobierno atribuye la falta de incrementos a las sanciones internacionales. La situación plantea serios desafíos para los trabajadores y sus familias en Venezuela, que continúan enfrentando dificultades económicas.
Con información de EFE
