El gobierno de Canadá ha impuesto sanciones a ocho policías y militares venezolanos por su implicación en violaciones a los derechos humanos, elevando el total de sancionados a 139. Estas medidas buscan disuadir la represión contra manifestantes, periodistas y líderes de la oposición en Venezuela.
La reacción de la Cancillería venezolana fue inmediata, calificando las sanciones como un «acto de sumisión vergonzoso» y acusando a Canadá de actuar como un «mero ejecutor» de las agresiones diseñadas por Estados Unidos. Las sanciones apuntan a funcionarios que, según informes, se enriquecen mientras ocupan cargos en el régimen.
Entre los sancionados se encuentra Douglas Arnoldo Rico González, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), señalado por graves violaciones de derechos humanos bajo su supervisión. También figura el General de División (GD) Terán Hurtado, responsable de tratos crueles en la DGCIM.
El comisario mayor Carlos Alberto Calderón Chirinos, director del Servicio de Policía adscrito al Ministerio de Interiores, y el comisario jefe Florencio Ramón Escalona, director de operaciones del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, también están en la lista, acusados de tortura y uso excesivo de la fuerza.
Las sanciones de Canadá reflejan un esfuerzo por aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y poner fin a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país. La comunidad internacional observa con atención la situación, mientras las autoridades venezolanas continúan desestimando las acusaciones y defendiendo a sus funcionarios.
Con información de Infobae
