Un juez federal ha acusado al gobierno de Donald Trump de desacato por ignorar una orden judicial que prohibía la deportación de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, hacia una prisión en El Salvador. El juez James Boasberg señaló que esta acción no solo desobedeció la orden, sino que también violó principios constitucionales fundamentales.
La administración Trump defendió su decisión, alegando que los migrantes tenían vínculos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Sin embargo, investigaciones independientes han demostrado que la mayoría de los deportados no tienen antecedentes penales.
En su fallo, el juez Boasberg subrayó que «la Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales», advirtiendo que permitir al gobierno anular fallos judiciales sería una burla a la Constitución. El impacto de estas deportaciones ha generado críticas internacionales y demandas legales, con organizaciones como Human Rights Watch denunciando condiciones que califican como “desaparición forzada” en las cárceles salvadoreñas.
El acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para albergar a los deportados también ha sido objeto de controversia por su falta de transparencia y las denuncias de abusos a los derechos humanos.
