Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, la persecución a la disidencia ha reducido el espacio cívico, notándose un agravamiento continuado de la violación de los derechos humanos, la cual se exacerba con profundización de la emergencia humanitaria compleja. Estos son algunos de los hallazgos del reciente informe de Amnistía Internacional.
El uso excesivo de la fuerza, el encarcelamiento incluso de menores de edad y posibles ejecuciones extrajudiciales marcaron la segunda mitad del 2024, incluso en medio de la investigación que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI) a ese país.
“Se documentaron casos de tortura en centros de detención, afectando incluso a mujeres y niños. También se reportaron varios casos de desapariciones forzadas, generando un ambiente de tensión”, dijo a EL TIEMPO Nastassja Rojas, directora adjunta de Amnistía Internacional capítulo Venezuela.
Entre el 28 de julio y el primero de agosto, inmediatamente después de las elecciones presidenciales, al menos 24 personas murieron como consecuencia de la represión gubernamental por las protestas contra el nombramiento de Nicolás Maduro.
Amnistía documentó que todas las muertes, salvo una, se produjeron por heridas de bala y las organizaciones de derechos humanos las atribuyeron a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el ejército y los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como “colectivos”.
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Las cifras recabadas por la organización suman 2.000 detenciones en el contexto poselectoral, 129 de las cuales fueron de menores de edad. Para diciembre de 2024 se contabilizaban 160 miembros del movimiento Vente Venezuela y 34 de Primero Justicia presos, la mayoría por desaparición forzada.
“Señalamos con muchísimo énfasis ese punto de quiebre de julio del año 2024 y en muchas condiciones, como por ejemplo los derechos económicos, sociales y culturales, señalamos que la situación se agravó”, insiste Rojas.
Entre el 29 y el 30 de julio se registraron 915 protestas, de las cuales 138 fueron reprimidas de forma violenta. Durante el año pasado, los ataques a los defensores de derechos humanos fueron 979, superando los 524 del 2023.
Esta suma de factores preocupantes ubicó a Venezuela en el último lugar (142) en la clasificación mundial en el ‘Índice de Estado de Derecho 2024’.
“El país se sitúa en el último lugar en el ‘Índice de Estado de derecho’”, ratifica Rojas, alertando también que “esta crisis multifactorial genera un flujo migratorio continuo” que tiene como primer destino Colombia, por lo que la región debería coordinar esfuerzos para evitar un mayor deterioro del Estado de derecho no solo de Venezuela, sino del continente.
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