La Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevó a cabo en la madrugada de este domingo un operativo sorpresivo para desalojar a militantes que permanecían acampando frente al domicilio de la exvicepresidenta Cristina Fernández (2007-2015), en Buenos Aires, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El desalojo comenzó alrededor de las 2:00 hora local (5:00 GMT) en la intersección de las calles San José y Humberto Primo, donde los manifestantes habían instalado carpas, banderas y otras estructuras en la vía pública, a metros del edificio donde reside la exmandataria en el barrio capitalino de Constitución.
Según informaron fuentes policiales, el operativo fue ejecutado sin violencia, con el objetivo de despejar el espacio público y restablecer la circulación en la zona.
Una hora más tarde, los efectivos se retiraron del lugar. “Se limpió la zona y se fueron”, indicaron voceros oficiales, destacando que el procedimiento fue planificado con discreción para evitar disturbios.
El desalojo se produjo en un contexto de efervencia política, tras la ratificación el pasado martes por parte de la Corte Suprema de la condena a la exmandataria de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Desde entonces, la residencia de la expresidenta en Buenos Aires se convirtió en el epicentro de manifestaciones de apoyo hacia ella, que incluyó vigilias cada noche.
Fernández aseguró que el próximo miércoles 18 de junio se presentará en los tribunales federales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena, militantes políticos y sindicatos organizan una movilización para acompañarla.
En paralelo, se espera la resolución de la Justicia sobre el pedido de la defensa para que cumpla la pena en su domicilio, argumentando razones de seguridad personal y el rol institucional de la exjefa de Estado.
El escrito presentado al tribunal recordó el intento de magnicidio sufrido por Fernández de Kirchner en septiembre de 2022 como principal fundamento para pedir un régimen de detención especial.
Además, se planteó que, por su condición de expresidenta y exvicepresidenta, no corresponde su reclusión en una unidad penitenciaria común.
La solicitud también incluyó la negativa al uso de una tobillera electrónica, señalando que la dirigente cuenta con custodia oficial permanente. El domicilio propuesto para cumplir la prisión domiciliaria es la vivienda de la calle San José al 1100, donde reside actualmente.
La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal ya inspeccionó el lugar y concluyó que cumple con los requisitos necesarios para el cumplimiento del arresto, según informaron fuentes judiciales.
Fernández fue hallada culpable en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos de Gobierno y en el de su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).
EFE
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