La administración del presidente Gustavo Petro ha reducido significativamente las opciones de regularización para los venezolanos en Colombia, marcando un cambio drástico en las políticas migratorias implementadas por los gobiernos anteriores. Con la expiración de los plazos para el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), miles de personas han quedado sin alternativas seguras para legalizar su estatus en el país.
Este giro en la estrategia migratoria ha generado preocupación entre los venezolanos que residen en Colombia desde hace varios años, quienes ahora se ven obligados a solicitar una cédula de extranjería como única opción, argumentando su permanencia prolongada como base legal para obtener dicho documento.
Sin embargo, el panorama se pone aun más complejo para los recién llegados o para aquellos que, por diversas razones, no cumplieron a tiempo con los procesos administrativos previos. Para ellos, la única vía disponible es la visa de visitante venezolano, una opción que, según denuncias de organizaciones y ciudadanos, presenta obstáculos burocráticos que dificultan su obtención.
El endurecimiento de las políticas migratorias contrasta con el enfoque de protección y acogida que caracterizó a las administraciones anteriores. Expertos y defensores de derechos humanos han advertido que la falta de rutas claras y accesibles para la regularización puede aumentar la vulnerabilidad de los migrantes, exponiéndolos a la informalidad laboral, discriminación y violaciones de derechos fundamentales.
Ante este escenario, crece el llamado a las autoridades colombianas para que reconsideren su política migratoria y diseñen mecanismos inclusivos que garanticen la protección y el respeto de los derechos de los más de 2.8 millones de venezolanos que han buscado refugio en el país en los últimos años.
Con información de Semana
