“La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria”, así inicia el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Considerando la definición del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los derechos humanos son “normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos”; por lo tanto, se le exige a los gobiernos hacer, o dejar de hacer, cosas para que estos derechos se cumplan.
Según esto, cada venezolano puede y debe recibir formación, lo quiera o no. Asimismo, puede acceder a este derecho sin tener que pagar y tiene voz y voto dentro de este proceso. En este sentido, está en manos del Estado venezolano actuar como instrumento para garantizar que todas las personas reciban educación de calidad y de forma gratuita.
La Constitución también establece que la educación es un “servicio público” fundamentado en el respeto por las corrientes del pensamiento de las personas para garantizar seres íntegros, propios de una sociedad democrática. De hecho, al considerar la educación como un derecho humano dentro de la Constitución de Venezuela, el estado debería tener un interés máximo en que la población sea educada.
Siendo así, se entiende que la educación en Venezuela debería ser de libre acceso para todos y cubrir todo lo necesario para una enseñanza de excelencia. Una utopía que es difícil de ver en la realidad del país. Y para esto no es necesario buscar muy profundo, sino que basta con acudir a una escuela pública del país para observar una clara violación de este derecho humano.
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Un reportaje firmado por el periodista Ramón Cardozo y publicado en el portal DW, señala que la educación en Venezuela fue una de las áreas más afectadas durante las últimas dos décadas; precisamente después de que se considerara un derecho humano. De hecho, tan grave está la situación de la educación en Venezuela que durante más de una década no se tienen datos oficiales en torno a este sector, ocultando la inversión, cobertura infraestructura y el mejoramiento de este “servicio público” como tal. Para ser más precisos, en el 2018 la Asamblea Nacional declaró la educación en Emergencia Humanitaria Compleja. Los argumentos para esta declaración fueron:
“La inexistencia del Estado docente, la dessalarización del trabajo pedagógico, el irrespeto a la autonomía de los gremios, la violación de los derechos laborales, la gravísima deserción escolar y la migración de docentes, la casi inexistencia de programas de asistencia al estudiante, el incumplimiento de la obligación de inclusión educativa de los pueblos indígenas, la instrumentación de prácticas de persecución y acoso laboral con trasfondo partidista, la imposición de modificaciones al currículo escolar con sesgo ideológico y la vulneración de la autonomía universitaria en todas sus expresiones”. AN citada por DW (2022).
Todo esto da como resumen una ausencia, por no decir violación, del derecho humano a la educación. Y es que, aunque se declare en la Constitución como “gratuita y obligatoria”, muchos padres prefieren llevar a sus hijos a la educación privada, aun cuando es todo un sacrificio; al tiempo que también hay niños que ven vulnerado este derecho cuando deben optar por ayudar llevando dinero al hogar, en lugar de acudir a la escuela.
Con esto último ya no se trata de que las instituciones educativas parecen haber sufrido los efectos de un huracán, o de que los docentes tengan un salario ínfimo en comparación con la labor que desempeñan. Tampoco se trata solo de que los libros de textos que imparte el Estado llevan marcado un claro tinte ideológico, o de que, a pesar de que se atraviesa una nueva era, se siga manteniendo un sistema conductista puro. El tema va mucho más allá, y es cuando entran los derechos humanos, o inhumanos.
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Porque, ¿cómo se puede pensar en educación cuando se vulnera el derecho a la alimentación o la libertad de expresión?, ¿qué ‘derecho humano’ hay en que un niño prefiera limpiar parabrisas antes que ir a la escuela?
En tal sentido, el artículo 102 de la Constitución lo contempla todo y aparenta un sistema perfecto y hasta envidiable, pero en la realidad no es más que letra muerta. Porque, al llevarlo a la realidad, no sirve de mucho tener una educación gratuita, obligatoria y “democrática”, cuando la educación misma y todo el trasfondo que la hace posible en el mundo real deja mucho que desear.
Karla Medina, comunicadora social.
