A solo horas de las elecciones municipales en Venezuela, seis organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional (AI), denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una “política sistemática y sostenida de represión” contra quienes defienden los derechos humanos en el país.
Las ONG expusieron que el Estado venezolano aplica una estrategia de castigo mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, vigilancia digital, criminalización y campañas de estigmatización.
Solo en el primer semestre de 2024 se registraron más de 592 ataques, cifra que se incrementó tras las presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue declarado vencedor en medio de acusaciones de fraude.
En lo que va de 2025 ya se contabilizan 236 nuevos ataques, incluyendo desapariciones forzadas y detenciones sin pruebas. AI también denunció la anulación arbitraria de pasaportes a defensores y familiares, medida usada para silenciar voces críticas. Según CEJIL, al menos 40 personas han sido afectadas por esta práctica.
Las organizaciones criticaron además la Ley de Fiscalización de ONG, aprobada en agosto de 2024, por imponer sanciones desproporcionadas y promover un ambiente de hostilidad hacia quienes defienden derechos fundamentales.
Junto a AI y CEJIL, firman esta denuncia la DPLF, WOLA, OMCT y el RFK Human Rights Center. Además, Reafirmaron que la labor de los defensores es vital para preservar la memoria y la verdad, y piden mayor protección internacional.
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