El Gobierno nacional ratificó que no reconocerá ninguna decisión que dicte el tribunal internacional respecto al territorio de la Guayana Esequiba. La administración venezolana insistió en que la demanda unilateral introducida por las autoridades guyanesas viola de forma abierta los estatutos de la legalidad internacional.
El Gobierno de Venezuela emitió un comunicado oficial, difundido por el ministro para Relaciones Exteriores Yván Gil, para rechazar firmemente las declaraciones del primer ministro de Guyana, Mark Phillips, sobre el dictamen que emitirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El documento oficial cuestionó que la administración guyanesa pretenda anticipar mágicamente el contenido de una futura sentencia, puesto que la nación venezolana jamás ha otorgado su consentimiento para someter la disputa territorial a la jurisdicción de dicho tribunal.
La postura del Estado venezolano reafirma que el Acuerdo de Ginebra de 1966 constituye el único instrumento jurídico válido para alcanzar un arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable entre ambas partes. Bajo este principio de resolución negociada, la República Bolivariana ratificó la invalidez de cualquier fallo definitivo dictado por la corte y sostuvo la necesidad de mantener la vía política para garantizar la vecindad entre las dos naciones.
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