Un habitante del caserío Ayacucho, sector Los Maguitos en Araure, estado Portuguesa, denunció públicamente haber sido víctima de una presunta extorsión por parte de agentes que se identificaron como funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Según el testimonio publicado, los uniformados le habrían exigido la suma de 4.000 dólares en efectivo para hacerle entrega de su automóvil, argumentando que el vehículo se encontraba solicitado por la justicia en el estado Lara. Ante la negativa de la víctima para pagar el dinero, el ciudadano afirmó que fue obligado bajo intimidación a colocar sus huellas dactilares y firmar documentos en blanco.
Comunidad y usuarios en redes sociales exigen que los órganos superiores e instituciones competentes inicien una investigación inmediata para determinar las responsabilidades correspondientes ante este hecho señalado como un claro abuso de autoridad.
