El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio inicio a un proceso de reorganización de la jurisdicción penal que incluye el desmantelamiento de varios tribunales especiales con competencia en delitos de terrorismo. La medida busca concentrar expedientes y agilizar la atención procesal en los tribunales ordinarios.
Organizaciones de derechos humanos y juristas han valorado la decisión con cautela. Señalan que este avance debe venir acompañado de revisiones integrales de las medidas cautelares y de un compromiso firme con el debido proceso y la descongestión judicial nacional.
