La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, admitió este viernes 21 de febrero que, aunque el país “cumplió plenamente” sus obligaciones de refugio político con el exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien quedí asesinado hace un año, “lamentablemente eso no fue suficiente” para evitar el crimen.
Ojeda, disidente del gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, quedó secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago por un grupo de hombres vestidos como agentes policiales chilenos. Sus restos resultaron hallados diez días después en una localidad periférica de la capital, sepultados debajo de un bloque de cemento.
La ministra, quien calificó el delito de “horrible”, aseguró que Chile cumplió con las dos obligaciones legales con los refugiados: otorgar la residencia definitiva y “el compromiso de no devolución”, que implica que mientras la persona está en condición de refugiada, no se la puede deportar a su país “porque el refugio se basa en que está en peligro en su país”.
Como afirmó en varias de sus comparecencias sobre este caso, Tohá insistió en que “se ha ido avanzando” en la investigación y, aunque apuntó de nuevo a la responsabilidad de la administración oficialista del crimen.
Hasta ahora, por el crimen de Ojeda, han quedo detenidos en Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos varios miembros “Tren de Aragua”, pero aún se desconocen quiénes fueron los autores intelectuales y cuánto se pagó por este crimen.
Agencias
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