El Gobierno colombiano declaró este lunes, 12 de febrero, una emergencia carcelaria con el objetivo de hacer frente a la persecución de bandas criminales, a los guardianes de prisiones y combatir la extorsión que se realiza desde los centros de reclusión del país, los cuales presentan un alto nivel de hacinamiento.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció la aprobación unánime en el Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de esta medida, que busca proteger la vida e integridad de los guardianes de las cárceles y erradicar por completo la extorsión y corrupción proveniente de estos centros.
La decisión surge tras una ola de violencia contra funcionarios del Inpec, siendo el caso más reciente el asesinato del dragoneante Jesús Cárdenas en Cartagena.
El director del Inpec señaló que la emergencia permitirá restringir visitas a presos, limitar comunicaciones, realizar traslados y operaciones dentro de las celdas de cabecillas de bandas como ‘La Inmaculada’.
Para abordar el problema de la extorsión desde las cárceles, se destinará dinero para adquirir equipos bloqueadores de señal de teléfonos celulares, utilizados por reclusos para cometer delitos.
Además, se llevarán a cabo allanamientos y requisas sorpresivas, así como traslados de presos sospechosos de continuar delinquiendo desde las cárceles.
El Consejo Directivo gestiona 125 establecimientos carcelarios en Colombia con capacidad para 81.740 reclusos, pero actualmente albergan a 101.976 personas, lo que representa un hacinamiento del 24,7%.
Esta es la cuarta vez que se declara emergencia carcelaria en el país, habiéndose realizado previamente en 2013, 2016 y 2020 por diversas circunstancias.
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Redacción Web
