La Corte Penal Internacional (CPI) se prepara para un año 2025 lleno de desafíos, enfrentando un total de 12 investigaciones abiertas, entre las que destaca la situación en Venezuela. Este año ha sido uno de los más intensos para la CPI, que ha emitido una treintena de órdenes de arresto por crímenes graves, pero se encuentra bajo presión debido a las amenazas y la falta de cooperación de varios países.
La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, ha denunciado las intimidaciones hacia sus funcionarios y los intentos de influir en la independencia del tribunal, especialmente por parte de Rusia y Estados Unidos. Akane aseguró que la CPI no cederá ante estas presiones y continuará su labor de justicia y defensa de los derechos de las víctimas.
Entre las investigaciones abiertas, además de la situación en Venezuela, se encuentran casos relacionados con Afganistán, Filipinas, Birmania, Palestina y Ucrania. Sin embargo, solo algunos de estos incluyen órdenes de arresto para los sospechosos de los crímenes investigados.
La CPI se enfrenta a un dilema crítico: mientras el número de sospechosos en busca y captura sigue aumentando, el centro de detención en La Haya se encuentra prácticamente vacío, con solo cinco detenidos. Esto plantea preguntas sobre la capacidad del tribunal para llevar a cabo su función y garantizar justicia en un contexto internacional cada vez más complejo.
Con el inicio del nuevo año, la CPI deberá esperar que los países miembros cumplan con sus obligaciones de cooperación, permitiendo así que se haga justicia por los crímenes graves cometidos en diversas partes del mundo, incluida Venezuela.
Con información de EFE
