La incertidumbre política posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio ha impactado significativamente el panorama laboral en el país, reflejándose en una notable disminución de los reclamos laborales.
En agosto, solo se registraron 11 denuncias, la cifra más baja del año después de las 18 de julio, según el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin). Este fenómeno se atribuye al amedrentamiento gubernamental, que ha llevado a los trabajadores a canalizar sus quejas exclusivamente a través de denuncias formales, concentrándose mayormente en el Distrito Capital.
Los sectores más afectados incluyen comunicaciones, salud y petróleo, así como empresas estatales en el ámbito petroquímico y gas. Cada uno de estos sectores representó el 18,18% de los reclamos, mientras que la educación, servicios eléctricos e industrias manufactureras aportaron el 9,09% cada uno.
La gran mayoría de las denuncias, un 90,09%, provino del sector público, y en un 72,73% de los casos hubo acompañamiento sindical. Los motivos de reclamo también han cambiado; los despidos se convirtieron en el principal motivo (63,64%), seguidos por el cumplimiento de convenciones colectivas (18,18%) y el acoso laboral (9,09%).
Particularmente preocupante es la situación en los medios estatales, donde el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha documentado despidos tras la elección. Se ha reportado que empleados fueron perseguidos por expresar apoyo a la líder opositora María Corina Machado en redes sociales.
Inaesin señaló que tanto instituciones públicas como privadas han llevado a cabo una persecución política contra aquellos que manifestaron su desacuerdo con los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral.
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