Donald Trump ha presentado una demanda contra el Departamento de Justicia de EE.UU por 100 millones de dólares, argumentando que la redada en su residencia de Mar-a-Lago en 2022 fue inconstitucional y perjudicial para su reputación.
La acción legal, impulsada por su abogado Daniel Epstein, señala al fiscal general Merrick Garland y al director del FBI Christopher Wray, acusándolos de violar principios constitucionales al llevar a cabo un allanamiento que, según Trump, debería haber sido precedido por un consentimiento y notificación a sus abogados.
Además, la demanda se enfoca en el registro del FBI realizado en agosto de 2022, en el contexto de una investigación sobre la retención indebida de documentos clasificados por parte del expresidente.
Epstein sostiene que se aplicaron “estándares inconsistentes” y que se desvió del protocolo habitual para expresidentes, que normalmente implica métodos no coercitivos para recuperar documentos oficiales.
Tras la redada, se designó a Jack Smith como fiscal especial, quien presentó 37 cargos criminales contra Trump relacionados con su gestión de materiales clasificados después de su mandato.
El Departamento de Justicia tiene un plazo de seis meses para responder a la demanda; si no se alcanza un acuerdo durante ese tiempo, el caso será llevado ante un tribunal federal.
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