En su primer día de regreso al cargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que prohíbe a las mujeres transgénero cumplir su pena en cárceles para reclusas femeninas. La medida también ordena que se detengan los tratamientos médicos relacionados con la transición de género en las prisiones federales.
La directiva, titulada «Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal», se aplica también a las personas detenidas en instalaciones de inmigración. La orden busca limitar el reconocimiento gubernamental del género únicamente al sexo asignado al nacer, lo que ha generado una fuerte condena por parte de organizaciones defensoras de los derechos de las personas trans.
Shannon Minter, directora legal del National Center for Lesbian Rights, advirtió sobre los riesgos que esta política representa para la seguridad y la salud de los presos trans, indicando que podría incrementar los casos de abuso sexual y agresiones físicas en las cárceles. Activistas también han señalado que la pérdida de tratamientos hormonales puede llevar a profundas crisis de salud mental entre las mujeres trans.
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Los expertos legales anticipan que la orden podría enfrentar impugnaciones judiciales, dado que los tribunales han determinado que los sistemas penitenciarios tienen la obligación de proteger a los reclusos vulnerables y proporcionar atención médica adecuada. Según datos federales, las personas transgénero encarceladas tienen 10 veces más probabilidades de denunciar abuso sexual en comparación con otros reclusos.
Bajo la nueva política, se estima que alrededor de 1,500 mujeres transgénero y 750 hombres transgénero se encuentran actualmente en prisiones federales. La Asociación Médica Estadounidense ha calificado los tratamientos relacionados con la transición de género como necesarios para abordar la disforia de género, una condición médica reconocida.
Los defensores de los derechos LGBTQ anticipan batallas legales para desafiar la implementación de estas políticas, que consideran discriminatorias y perjudiciales para la comunidad trans en el sistema penitenciario.
Con información de Infobae
