Desde el 30 de septiembre, el exdiputado de la Asamblea Nacional, José Sánchez, conocido como “Mazuco”, ha estado desaparecido tras su detención por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro en Maracaibo.
Amigos y familiares han denunciado que su arresto se llevó a cabo sin orden judicial y en violación del derecho a la presunción de inocencia, tal como lo establece la Constitución venezolana.
Según un comunicado emitido por Rossaly Nava, asistente de Sánchez, el día de su detención, el exdiputado sufrió una avería en su camioneta. Al buscar repuestos junto a un amigo mecánico, Antonio Buzzetti, ambos fueron interceptados por un grupo de hombres armados, vestidos de negro, que se presume pertenecen a un cuerpo policial.
Testigos afirmaron que ambos fueron detenidos y trasladados por la fuerza, y desde entonces no se ha tenido noticia de su paradero.
Nava ha calificado esta situación como una “desaparición forzada”, un acto que, según el derecho internacional, se considera un crimen de lesa humanidad. La falta de información sobre el estado físico y emocional de Sánchez ha generado preocupación entre sus allegados, quienes exigen respuestas y justicia.
El ministro de Interior y Justicia del régimen, Diosdado Cabello, mencionó en su programa televisivo el 9 de octubre que Sánchez estaría involucrado en “planes desestabilizadores” y que mantenía comunicación directa con Iván Simonovis, un exiliado y consultor penal.
Sin embargo, estas afirmaciones no han sido corroboradas y parecen ser parte de una estrategia del régimen para justificar la detención y desaparición del exdiputado.
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