Este sábado 7 de diciembre, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) hizo un llamado urgente al régimen de Nicolás Maduro para que se proceda con la liberación “sin restricciones” de todos los individuos considerados presos políticos, quienes fueron detenidos en el contexto de las protestas que estallaron tras el resultado oficial de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La organización denunció que a estos detenidos se les ha negado el derecho a contar con un abogado de confianza, y en algunos casos, ni siquiera se encuentran en la jurisdicción donde supuestamente cometieron los delitos.
El OVP también destacó la difícil situación que enfrentan los familiares de los detenidos, quienes sufren por sus seres queridos tras las rejas. Muchos de ellos carecen de los recursos necesarios para trasladarse entre estados para visitarlos, así como para llevarles alimentos a las cárceles.
El 5 de diciembre, diversas ONG venezolanas denunciaron el traslado de aproximadamente 190 presos políticos desde el centro penitenciario Yare III, en el estado Miranda, hacia la cárcel de Tocorón, ubicada en Aragua, a más de 100 kilómetros de distancia, sin previo aviso a sus familiares.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos expresó su preocupación en X, mencionando que las madres de los detenidos están “muy angustiadas” debido a la falta de información sobre el paradero de sus allegados, quienes fueron arrestados en los estados Anzoátegui, Miranda y Portuguesa.
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