La reciente inhabilitación de 10 alcaldes opositores por parte de la Contraloría General ha generado fuertes críticas en Venezuela.
El opositor Henrique Capriles calificó la medida como «aberrante», afirmando que se trata de una represalia por el apoyo de estos funcionarios a la candidatura de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), en los próximos comicios.
Capriles, quien también ha sido inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta 2032, expresó su solidaridad con los alcaldes afectados y señaló que la voluntad del pueblo se verá reflejada en las elecciones del 28 de julio.
Por su parte, el candidato de la PUD, Edmundo González Urrutia, denunció una «creciente persecución» en Venezuela y se comprometió a luchar por un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente al Gobierno.
Entre los alcaldes inhabilitados se encuentran Iraima Vásquez y José María Fermín, de Nueva Esparta, así como Heriberto Materán, de Trujillo, quienes han sido sancionados con 15 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, según consta en resoluciones emitidas el 24 de mayo de 2024 por la Contraloría General.
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