El reciente respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a los resultados electorales avalados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha generado reacciones predecibles en Venezuela y más allá.
José Ignacio Hernández, experto en Derecho y ex procurador del gobierno interino de Juan Guaidó, criticó la decisión, argumentando que infringe el orden público procesal y destaca que la legitimidad de los resultados se ve aún más comprometida.
Según él, esta maniobra del régimen de Nicolás Maduro busca invocar el principio de no intervención para legitimar los resultados ante la comunidad internacional, aunque considera que tal estrategia fracasará.
Hernández señala que los abusos cometidos por la Sala Electoral son tan evidentes que, en lugar de fortalecer la credibilidad del CNE, han acentuado las dudas sobre la veracidad de los resultados anunciados. A su juicio, la falta de transparencia en el proceso electoral se hace más palpable, especialmente al no publicar los resultados en la Gaceta Electoral antes del 29 de agosto, sino una sentencia del TSJ. Esta situación refuerza la percepción de que el régimen no está dispuesto a permitir una verificación imparcial de los resultados.
La decisión del TSJ no solo pone de manifiesto la falta de transparencia en el proceso electoral, sino que también podría agravar el conflicto político en Venezuela.
Hernández advierte que este tipo de abusos legales y la negativa a aceptar una revisión objetiva de los resultados podrían intensificar las tensiones en el país, lo que sugiere que la crisis política está lejos de resolverse y podría escalar aún más en el futuro.
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