Un grupo de juristas internacionales, defensores de los derechos humanos y la Justicia Penal Internacional, ha solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) y a su Fiscal, Karim Khan, que se activen medidas de detención y comparecencias forzosas contra Nicolás Maduro y su cadena de mando.
Esta petición fue formalmente presentada el 17 de agosto, en respuesta a las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que han tenido lugar en Venezuela desde las elecciones del 28 de julio.
Las instituciones implicadas en esta cadena de mando incluyen la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como grupos paramilitares conocidos como «colectivos», que operan con total impunidad bajo el amparo del Estado.
Los juristas han instado a la CPI a actuar con celeridad, invocando el principio de urgencia penal para prevenir la continuación de estos crímenes.
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