Un juez español ha procesado a la esposa y al socio de Juan Carlos Márquez, un directivo fallecido de la empresa pública de petróleo venezolana PDVSA, por presuntamente ocultar en España fondos provenientes de la compañía y evadir a la Hacienda Pública española.
Esta acción forma parte de una investigación más amplia que involucra al exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, y a su hijo Alejo, quienes están acusados de defraudar casi 4,5 millones de euros en ganancias obtenidas a través de negocios con PDVSA entre 2013 y 2014.
El magistrado Francisco de Jorge, de la Audiencia Nacional, ha decidido llevar a juicio a la mujer y al socio de Márquez por varios delitos, incluyendo los relacionados con la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales. La investigación revela que, entre 2007 y 2015, Márquez y su socio, Carlos Adolfo Prada, obtuvieron más de 22,66 millones de euros por servicios de asesoramiento a PDVSA. Se sospecha que Prada utilizó sociedades sin actividad real para facturar estos servicios, alimentándose de fondos presuntamente ilícitos de la petrolera.
Se estima que entre 2014 y 2015, Prada logró ganancias no justificadas cercanas a 250.000 euros, las cuales también ocultó a la Hacienda española. Por otro lado, la viuda de Márquez habría participado en transferencias de fondos ilícitos a cuentas en el extranjero, que se originaron en dádivas relacionadas con un negocio cambiario ilegal en PDVSA.
Para dar apariencia de legalidad a estos fondos, se habría creado un complejo entramado financiero en San Vicente y las Granadinas, Suiza y Panamá. Esto incluía contratos simulados de préstamos entre sus sociedades.
El juez ha señalado que parte de los fondos, más de 2,16 millones de dólares, fueron transferidos a cuentas en Suiza hasta llegar a una cuenta vinculada a una fundación panameña cuyo beneficiario era Márquez o sus hijos.
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