La reciente suspensión temporal de la adjudicación de nuevos permisos humanitarios para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político y social.
Este programa, que permite la entrada a Estados Unidos de hasta 30,000 personas al mes y les otorga un permiso de trabajo por dos años, ha sido un punto de controversia desde su inicio.
La decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de pausar el programa ha generado preocupación entre activistas proinmigrantes, quienes argumentan que esta medida podría agravar las difíciles condiciones que enfrentan los ciudadanos de estos países.
Helena Olea, subdirectora de programas de Alianza Américas, una red de organizaciones que aboga por los derechos de los inmigrantes, expresó su inquietud sobre la suspensión.
Olea destacó que el programa ha demostrado ser una herramienta eficaz para reducir la migración no autorizada y subrayó la importancia de crear vías legales para la migración.
Según ella, restablecer el programa es esencial dado el contexto crítico en el que se encuentran Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba.
Por otro lado, la suspensión del programa ha sido celebrada por algunos sectores republicanos, quienes ven en esta medida una oportunidad para cuestionar la política migratoria de la administración Biden.
Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, afirmó que el programa debería cerrarse de manera permanente, argumentando que representa una falta de control en la entrada de extranjeros al país. Esta postura refleja una creciente presión dentro del partido republicano para adoptar un enfoque más restrictivo hacia la inmigración.
La decisión del DHS de congelar el programa se relaciona, según informes, con denuncias de fraude en las solicitudes.
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