La sesión especial de la OEA comenzó con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación en Venezuela.
El organismo presentó la información recopilada sobre los sistemáticos crímenes cometidos por el gobierno de Maduro en contra de los opositores, incluidos los casos que constatan el uso arbitrario de la fuerza por parte de los entes represivos de la dictadura.
“La CIDH ha recibido un patrón de violaciones a la libertad personal. Al menos 1.600 personas detenidas, 138 adolescentes. Hubo privación de libertad de forma selectiva”, dijo la abogada Roberta Clarke, presidenta de la CIDH.
La presidenta mencionó en el inicio de su presentación ante el Consejo Permanente, citado de manera urgente por un grupo de países de la región, con una «condena inequívoca» por la «violencia institucional» que se viene presentando en el contexto de las elecciones y que incluye «represión, detenciones arbitrarias, y persecución política» que la CIDH ha venido documentado a través de su sistema de monitoreo.
Según Clarke, esto es algo que inició desde mucho antes de las elecciones cuando el «régimen intensificó las prácticas de coacción, dirigidas a restringir la participación política, y encaminadas a desmovilizar a toda la oposición y, en particular, a la oposición organizada y a sus simpatizantes».
La CIDH también resaltó el incumplimiento del CNE a las leyes electorales al no publicar en detalle el resultado de las presidenciales del 28 de julio, destacando los informes del Centro Carter y del panel de expertos de la ONU sobre irregularidades electorales.
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