En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Venezuela enfrenta una cruda realidad marcada por privaciones de libertad, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y condiciones inhumanas en las cárceles.
Según la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, más de 200 mujeres han sido detenidas en el contexto postelectoral, aunque se estima que esta cifra podría ser aún mayor, ya que muchas no denuncian lo que sufren.
Takehydi González, coordinadora regional de Mujeres de Voluntad Popular en el estado Zulia, destacó que el entorno carcelario está caracterizado por el hacinamiento, la violencia de género y la falta de acceso a servicios básicos como atención médica, agua y alimentos. Las mujeres detenidas y sus familias enfrentan día a día las consecuencias de la represión post-electoral.
González subrayó que no solo las mujeres privadas de libertad son víctimas; el impacto del sistema judicial y carcelario se extiende a sus familias. “Por cada mujer detenida, la familia termina siendo víctima del sistema judicial, del sistema carcelario, de la corrupción, de la violencia sexual y de la tortura. El panorama es realmente devastador”, afirmó.
La situación en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) es alarmante, con hasta 10 mujeres compartiendo una celda, donde sufren violencia intracarcelaria y son objeto de humillaciones y amenazas.
Un caso emblemático es el de Yenny Barrios, una paciente oncológica detenida injustamente, quien no ha recibido la atención médica que requiere a pesar de las reiteradas peticiones de sus familiares.
Además, las mujeres privadas de libertad por razones políticas enfrentan una grave falta de respeto a su derecho a la defensa y al debido proceso. “No existe una detenida del contexto electoral post 28 de julio a la que se le haya permitido hasta ahora asistencia jurídica por algún abogado de confianza”, concluyó González.
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