La Casa Blanca confirmó el envío de un grupo de diez migrantes, identificados como miembros de la banda transnacional Tren de Aragua, a la base militar de Guantánamo. La portavoz Karoline Leavitt declaró que esta medida forma parte de un esfuerzo para detener a «criminales violentos».
El grupo partió de El Paso hacia Guantánamo el martes, donde su detención será temporal hasta su repatriación o traslado a otro lugar. Esta acción se enmarca en la campaña de deportación impulsada por el presidente Trump, quien ha prometido llevar a cabo la mayor deportación en la historia de EE. UU., enfocándose especialmente en migrantes con antecedentes penales.
Para hacer frente a un aumento en las detenciones, Trump ha ordenado la expansión de las instalaciones en Guantánamo, permitiendo albergar hasta 30,000 personas. La administración justifica esta expansión como una medida necesaria para gestionar la detención de «los peores inmigrantes ilegales criminales». Sin embargo, se ha señalado que estar en el país sin autorización es una falta civil, no un delito criminal.
Estudios, como uno de la Universidad de Stanford, contradicen la narrativa del gobierno al indicar que los migrantes son menos propensos a cometer delitos en comparación con los ciudadanos estadounidenses. Esta política ha suscitado un intenso debate sobre la ética y legalidad del uso de Guantánamo para la detención de migrantes, recordando la controvertida historia de la base en relación con los derechos humanos.
La situación continúa generando discusión en redes sociales y medios de comunicación, donde se cuestiona el impacto de estas acciones en la comunidad migrante y en la percepción de la política migratoria de EE. UU.
Con información de Punto de Corte
