El Gobierno de Nicaragua tomó la drástica medida de cancelar la personería jurídica de 1.500 organizaciones no gubernamentales (ONG), incluyendo entidades católicas, defensoras de la diversidad sexual, y asociaciones educativas y sociales.
Esta decisión, fue anunciada el 19 de agosto, donde representa el mayor cierre de ONG en el país desde las protestas de abril de 2018, elevando el total de organizaciones disueltas a más de 5.200.
El régimen sandinista argumentó que esta acción es parte de un proceso de ordenamiento y control sobre las ONG que operan en el país.
Por otra parte, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que en adelante las ONG deberán formar «alianzas» con instituciones del Estado para poder ejecutar sus proyectos.
Esta nueva normativa se produce en un contexto de creciente represión y control sobre la sociedad civil, lo que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Entre las organizaciones afectadas se encuentran clubes de ajedrez, asociaciones de jubilados y la Cruz Roja Nicaragüense, lo que evidencia el amplio alcance de la medida.
El Ministerio del Interior justificó el cierre por supuestos incumplimientos legales, alegando que muchas ONG no reportaron sus estados financieros durante períodos que van de uno a 35 años.
Algunos diputados sandinistas han insinuado que estas organizaciones utilizaron recursos para desestabilizar al gobierno durante las manifestaciones de 2018.
Nicaragua sigue sumida en una profunda crisis política y social, exacerbada por las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, donde el presidente Daniel Ortega fue reelegido bajo condiciones cuestionables. La represión de la oposición y el cierre sistemático de ONG reflejan un entorno cada vez más hostil hacia cualquier forma de disidencia.
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