La Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional urge al Fiscal Karim Khan a actuar con celeridad en la investigación Venezuela I por crímenes de lesa humanidad.
Advierten que el silencio del Fiscal tras la crisis electoral 28J y una aparente inacción desde el inicio de la investigación en junio 2023 generan una profunda preocupación entre las víctimas y sus familias:
“Suscita preocupación entre las víctimas y sus familias con respecto al compromiso del Fiscal de abordar los graves crímenes en curso y asegurar que la investigación siga respondiendo a los nuevos acontecimientos” que ocurren en Venezuela.
La Oficina de Defensa de las Víctimas (OPDV) manifiesta su inquietud por el continuo énfasis de la Fiscalía en la “complementariedad positiva”, es decir en la cooperación y la asistencia técnica con el Estado venezolano, a pesar de que la Sala de Apelaciones concluyó que Venezuela no está llevando a cabo investigaciones genuinas ni enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad.
La OPDV denuncia:
Represión postelectoral: “Tras las elecciones del 28 de julio de 2024, el Gobierno de Venezuela ha intensificado el uso de los métodos de represión más severos y violentos. Tras el anuncio de los resultados, estallaron protestas en el país, lo que llevó a las autoridades a iniciar una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedentes”.
Alertan sobre las detenciones del período postelectoral en el marco de la “Operación Tun Tun”, como parte de “una campaña destinada a intimidar e infundir miedo a la población”.
Esta comunicación de la OPDV se hace con ocasión del procedimiento abierto por la Sala de Apelaciones para tramitar un escrito de la Fundación Arcadia recusando al Fiscal, Karim Khan, por la participación de la cuñada de este dentro del equipo de abogados que defendió al Estado ante la Sala de Apelaciones, durante el procedimiento en que esta última confirmó definitivamente la apertura de la Investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La Oficina también pide a los jueces de la Sala de Apelaciones que, en caso de que acepten tramitar esa recusación, se apliquen “medidas adecuadas sin demoras indebidas para garantizar que el resultado no cause ningún perjuicio a los intereses personales” de las víctimas.
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