Expertas del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU han emitido una alerta sobre un preocupante patrón represivo en Venezuela, destacando la existencia de al menos 27 casos de desapariciones forzadas ocurridos durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Según el informe, estas desapariciones se enmarcan en un contexto de represión contra aquellos que ejercen su derecho a la libertad de asamblea pacífica y expresión, incluyendo defensores de derechos humanos, opositores políticos y periodistas.
El informe detalla que las desapariciones forzadas, catalogadas como «de corta duración», implican que las víctimas son detenidas por las autoridades del Estado y llevadas a centros de detención reconocidos.
Durante este tiempo, permanecen incomunicadas por varios días, sin posibilidad de contacto con sus familiares o defensores legales. Esta práctica no solo vulnera los derechos humanos, sino que también puede constituir un crimen de lesa humanidad.
Además, el Grupo de Trabajo subraya un elemento discriminatorio en estos crímenes, señalando que están dirigidos principalmente contra personas defensoras de derechos humanos, opositores políticos y aquellos que han ejercido su derecho a la libertad de expresión.
El informe también resalta la falta de respuesta del Estado venezolano ante estos 27 casos emblemáticos de desaparición forzada, lo que sugiere la existencia de un patrón que podría ser interpretado como una práctica sistemática.
Con información Provea
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