La solicitud del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) al Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar el derecho al voto de la población penitenciaria sin sentencia ha generado un debate significativo a pocos días de las elecciones presidenciales.
Según el director del OVP, Humberto Prado, aproximadamente el 70% de los presos en cárceles y el 85% en calabozos no tienen sentencia. Esta proporción representa una parte considerable de la población carcelaria y, según la ONG, están en una condición vulnerable que requiere protección de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a participar en el proceso democrático mediante el voto.
El OVP ha invocado la Constitución venezolana, que establece el voto como un derecho universal y un deber ciudadano, libre y secreto.
Además, argumentan que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos y la participación política sin discriminación, lo cual incluye a los presos que aún no han sido condenados. Subrayan que negarles este derecho podría contravenir los principios de igualdad, no discriminación y justicia que sustentan el orden democrático y social de Venezuela.
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