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Parlamento italiano prohíbe el cultivo y la venta de cannabis

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Este jueves, el Parlamento de Italia ha aprobado una controvertida medida que prohíbe el cultivo y la venta de cannabis ligero, un producto con una cantidad muy baja de tetrahidrocannabinol (THC).

La decisión fue respaldada por la coalición de Gobierno liderada por la ultraderechista Giorgia Meloni, mientras que los partidos de la oposición expresaron su fuerte rechazo. Con 157 votos a favor y 109 en contra, la nueva legislación clasifica el cannabis ‘light’ como una sustancia estupefaciente, lo que implica la prohibición de su comercio y procesamiento.

Además, la modificación legislativa se justifica con el argumento de que el consumo de cannabis ligero podría alterar el estado psicofísico de los consumidores, poniendo en riesgo la seguridad pública y vial.

Sin embargo, los opositores critican esta medida, señalando que el cannabis con bajo contenido de THC tiene efectos psicotrópicos mínimos, comparables a los de la albahaca.

Rachele Scarpa, diputada del Partido Demócrata, destacó que la nuez moscada tiene un efecto más dopante que el cannabis que se busca ilegalizar.

El impacto económico de esta decisión es significativo, ya que podría afectar a aproximadamente 15,000 trabajadores y 3,000 empresas en el sector, generando una pérdida de facturación estimada en 500 millones de euros. Marco Furfaro, también del Partido Demócrata, argumentó que el Gobierno de Meloni ha dañado gravemente una parte importante de la cadena agroindustrial italiana, que abarca desde la cosmética hasta las hierbas medicinales.

La controversia en torno al cannabis ligero no es nueva en Italia. Desde 2016, existía una ley que permitía el cultivo de cáñamo y la comercialización de productos con baja concentración de THC.

Sin embargo, tras varias sentencias contradictorias, en 2019 el Tribunal Supremo declaró ilegales todos los productos derivados de la marihuana.

La reciente aprobación de esta medida se produce a pesar de una suspensión temporal del decreto ministerial por parte del Tribunal Administrativo del Lazio, que advirtió sobre las implicaciones para toda la cadena de suministro.

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