El Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha denunciado que el gobierno de Nicolás Maduro no cumple con los convenios internacionales relacionados al derecho laboral, lo que ha convertido al país en un «paraíso para la sobrexplotación» de los trabajadores.
Pedro Eusse, miembro del buró político del PCV, afirmó que en Venezuela no existe el trabajo decente debido a la política laboral del gobierno y la actuación de los empleadores.
Eusse destacó que la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras ha sido prácticamente derogada de facto, permitiendo que tanto patronos públicos como privados aprovechen esta situación. Según su análisis, el 97% de la remuneración mínima que reciben los trabajadores se compone de bonos que no se consideran salario, lo que afecta negativamente sus derechos laborales, incluyendo indemnizaciones por despido y prestaciones sociales.
El dirigente político señaló que desde 2018 se ha implementado un «proceso de desmontaje» de las conquistas salariales y sociales alcanzadas a través de convenciones colectivas, lo que ha llevado a una desregulación laboral que facilita despidos y prácticas de tercerización.
Actualmente, el salario mínimo en Venezuela se mantiene en 130 bolívares al mes, equivalentes a aproximadamente 3,5 dólares, lo que representa un 88% menos respecto a los 30 dólares que alcanzaba en marzo de 2022. Además, los trabajadores reciben una bonificación de alimentación de 40 dólares y, en el caso de los empleados públicos, un «bono de guerra económica» de 90 dólares, sumando un total de 133,5 dólares, aunque estos pagos se realizan en bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.
En mayo pasado, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) exigió un aumento del salario mínimo a 200 dólares mensuales como parte de una estrategia para «rescatar el valor del trabajo» en el país.
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