El gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en la controversia tras cerrar el año 2024 sin cumplir con varias de las peticiones aprobadas por el Congreso español, muchas de las cuales fueron iniciativa de la oposición. Entre estos temas se incluyen medidas contra el régimen de Nicolás Maduro, la restauración de la postura tradicional de España sobre el Sáhara Occidental, y la apertura de auditorías sobre los contratos relacionados con la ‘trama Koldo’ en ministerios como el de Interior y Sanidad.
A pesar de haber ofrecido asilo a Edmundo González Urrutia, no se ha reconocido su legitimidad como «presidente electo» de Venezuela ni se ha respaldado a él y a María Corina Machado como los «únicos interlocutores legítimos» en las negociaciones para una transición democrática en el país.
Además, el Congreso aprobó recientemente una propuesta que urgía al gobierno a solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) que emitiera una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros acusados de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el ejecutivo español ignoró estas iniciativas.
La falta de acción en estos temas ha generado críticas en el ámbito político y social, donde se demanda una postura más firme de España ante la crisis venezolana y otros asuntos de relevancia nacional. Con este panorama, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a crecientes presiones tanto internas como externas al comenzar el nuevo año.
Con información de Europa Press
