La madrugada del 13 de enero de 2025, se desató una protesta sin precedentes en la sede de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Barquisimeto, estado Lara.
Un grupo de 60 privados de libertad, conformado por 55 hombres y cinco mujeres, inició una huelga de sangre en respuesta a lo que consideran condiciones inhumanas y abusivas dentro del centro penitenciario.
Los reclusos comenzaron su manifestación alrededor de la medianoche, cortándose las muñecas, brazos y piernas como una medida extrema para presionar a las autoridades a atender sus demandas.
Según fuentes cercanas, los prisioneros buscan visibilizar su malestar ante una serie de irregularidades en su trato por parte de los funcionarios del Cicpc, según lo informado por la organización Una Ventana a la Libertad (UVL).
Entre las principales razones que motivaron esta drástica protesta se encuentra la suspensión de visitas familiares. Desde diciembre de 2024, los reclusos no han podido recibir a sus seres queridos, una restricción que coincide con las festividades decembrinas y que ha generado un profundo malestar entre los detenidos, quienes consideran esta medida como un trato humillante.
Además, los reclusos han denunciado abusos físicos y psicológicos por parte de algunos custodios del Cicpc. Estas denuncias agravan la situación de hacinamiento y escasez de recursos dentro del recinto penitenciario.
Tras la designación de un nuevo jefe comisario en la sede, los privados de libertad aseguran que se han implementado nuevas reglas que violan sus derechos humanos, incluyendo restricciones más severas a las visitas y retrasos en la entrega de alimentos y traslados a tribunales.
Los reclusos también señalaron la existencia de condiciones desiguales entre ellos, evidenciando que algunos exfuncionarios policiales reciben beneficios como visitas sin restricciones y comidas especiales, lo que fomenta un ambiente de discriminación dentro del sistema penitenciario.
Con el transcurrir de las horas, varios manifestantes comenzaron a sufrir mareos debido a las heridas infligidas durante la huelga. Al mediodía del 13 de enero, varios de ellos fueron trasladados a hospitales cercanos, como el Hospital Antonio María Pineda y el Seguro Social Pastor Oropeza, para recibir atención médica urgente.
Esta huelga de sangre marca la primera protesta de presos en 2025, destacándose por la gravedad de los métodos empleados y la visibilidad que ha adquirido en los medios de comunicación. Los defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y autoridades judiciales ya han comenzado a seguir el caso, y se espera que el Ministerio de Interior y Justicia, junto al Ministerio Penitenciario, emitan pronunciamientos al respecto.
