La ONG venezolana Provea informó este viernes que los detenidos luego de las elecciones del 28 de julio, en contexto de protestas, los presionan y amenazan para que «admitan delitos que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) les imputa sin pruebas» y «sin garantías» al «debido proceso», según denuncias que recibió la organización de familiares de los apresados.
A través de X, la ONG informó que los familiares denunciaron que «agentes del Estado estarían coaccionando a los privados de libertad bajo amenazas de quedar pasados a juicios sin ningún tipo de beneficio procesal», incluso -agregó la ONG- mediante «el sometimiento a torturas y tratos crueles», que incluyen «golpizas, negación de alimentos y medicinas y restricciones para recibir visitas».
«Se les estaría obligando a firmar y poner sus huellas digitales en papeles en blanco, lo que constituye un fraude procesal masivo y una nueva y abierta violación de las garantías judiciales de los detenidos», señaló Provea, sin precisar si recibió algún tipo de prueba, además de los testimonios de familiares, para sustentar la afirmación.
Asimismo, recordó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el «concepto de tortura y tratos», así como «penas crueles», no se limita a «prácticas de violencia física o psíquica», sino que incluye también «condiciones de detención que no respetan la dignidad humana», como «casos de hacinamiento» y «malas condiciones de reclusión», entre otras.
Según Provea, las denuncias de los familiares proceden de detenidos en las cárceles de Tocuyito, Tocorón, el Rodeo y Las Crisálidas.
Con información de EFE
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