La audiencia de juicio público contra Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, y su exesposo Alejandro González, ha sido diferida para el 11 de febrero de 2025.
La sesión estaba programada para eL miércoles 18 de diciembre a las 10:00 am, pero los Juzgados 29 y 30 decidieron suspenderla debido a la imposibilidad de garantizar la comunicación telemática y a la falta de autorización para el traslado de los acusados.
Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar mientras se preparaba para abordar un vuelo. Enfrenta acusaciones por parte de la Fiscalía, que la vincula presuntamente a una conspiración que incluiría un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
El abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco, ha denunciado en múltiples ocasiones la falta de transparencia en el manejo del expediente judicial y ha resaltado las dificultades para designar defensores privados. Además, ha señalado que San Miguel, quien se encuentra recluida en El Helicoide, solo puede recibir visitas de su hija.
Durante su detención, San Miguel también ha enfrentado problemas de salud.
Según su abogado, sufrió una fractura en el hombro derecho tras una caída relacionada con un episodio de laberintitis, que no fue atendido adecuadamente. El diagnóstico tardó cuatro meses en ser emitido, y las autoridades mostraron imágenes de la activista recibiendo atención médica apenas el 10 de diciembre.
La ONG Provea ha alertado sobre las condiciones inadecuadas en el centro de reclusión, lo que dificulta la realización de la intervención quirúrgica necesaria y garantiza una rehabilitación adecuada para la activista.
Además de San Miguel y González, otras siete personas están siendo juzgadas en este caso, entre ellas Anyelo Julio Heredia y Guillermo Enrique César Fiero.
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