Un grupo de activistas de derechos humanos aprovechó el concierto de Danny Ocean en Buenos Aires para denunciar la situación de los presos políticos en Venezuela. Durante la presentación en el Movistar Arena, ante más de 15 mil personas, entregaron al artista una camiseta con el mensaje “Cierren los centros de tortura”, parte de la campaña de la ONG Realidad Helicoide. Ocean la recibió con un gesto de apoyo.

El activista Maxroberth Graterol resaltó la importancia del gesto del cantante: “Danny ha sido uno de los artistas venezolanos más comprometidos con la libertad. Cuando recuperemos la democracia, debemos recordar quiénes se la jugaron en los momentos más difíciles”.

Por su parte, la activista Elisa Trotta alertó que en Venezuela existen más de 90 centros de detención y tortura documentados, además de 900 presos políticos sometidos a golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y aislamiento prolongado. Subrayó que se trata de crímenes de lesa humanidad frente a los cuales “el mundo no puede callar”.

Durante el espectáculo, Danny Ocean agradeció a Argentina por acoger a miles de migrantes venezolanos: “Gracias por abrirnos las puertas y darnos una segunda oportunidad. Tengan fe, vamos a volver y pasaremos una Navidad tranquilos”.

La cantautora Elena Rose también se unió al reclamo y cerró su interpretación de “Caracas en el 2000” con un contundente mensaje contra el régimen: “Que se vayan de ahí y no regresen más nunca a nuestro país”.

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La activista Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (ClippVe), denunció este lunes que la represión y las desapariciones forzadas en Venezuela se han intensificado como respuesta a la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.

Durante una protesta frente a la embajada de España en Caracas, Baduel hermana del preso político Josnars Baduel aseguró que “la arremetida contra los presos políticos y las violaciones de derechos humanos se han agudizado con el aumento de la presión internacional”.

La activista precisó que la intención de las manifestaciones es exigir la conformación de una comisión internacional con veeduría de organismos multilaterales que garantice la vida de los más de mil presos políticos que permanecen en el país.

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Este martes, un grupo de activistas sociales y políticos, unidos en la coalición «Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo», se concentró frente a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo para exigir la libertad de todos los presos políticos y el fin de la represión en Venezuela.

La movilización, que reunió a diversas organizaciones y ciudadanos, tuvo como objetivo visibilizar la crítica situación de aquellos que se encuentran encarcelados por motivos políticos. Los manifestantes denunciaron el hostigamiento y la persecución que sufren quienes defienden los derechos humanos y sociales en el país.

Voceros de la coalición expresaron su profunda preocupación por el creciente número de detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta social. “Es fundamental que se respeten las garantías constitucionales y los derechos humanos de todos los ciudadanos”, afirmaron durante la concentración.

Los activistas hicieron un llamado a las autoridades para que se tomen medidas urgentes que garanticen la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. La movilización se enmarca en un contexto de creciente tensión política en Venezuela, donde la sociedad civil sigue enfrentando desafíos significativos en su lucha por los derechos fundamentales.

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La organización no gubernamental Provea denunció este sábado la presunta detención de Eduardo Torres, abogado defensor de derechos humanos e integrante de su equipo legal, quien fue visto por última vez el viernes 9 de mayo a las 4:00 p. m. en Parque Central, Caracas.

Según informó la ONG en su cuenta de X, testigos aseguran que Torres se encontraba en una reunión y posteriormente se comunicó con sus familiares para informarles que regresaba a su residencia ubicada cerca de la avenida Fuerzas Armadas. Sin embargo, nunca llegó a su destino.

Provea alertó que el abogado había sido objeto de amenazas previamente y manifestó su preocupación por su paradero. “Su esposa, Emiselys Nuñez, junto a miembros de nuestro equipo, está recorriendo centros de detención en la capital en busca de información”, señaló la organización.

La ONG recordó que, en medio de lo que calificó como una escalada represiva postelectoral, se ha intensificado la persecución contra activistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales y políticos en Venezuela.

Además, advirtieron que Eduardo Torres, así como otros integrantes de Provea, son beneficiarios de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a las constantes amenazas y hostigamientos que han enfrentado en el ejercicio de su labor.

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El Tribunal Penal 9° de Control del Táchira, extensión San Cristóbal, decretó orden de aprehensión contra dos “influencers” que presuntamente integran una célula dedicada a extorsionar personas empleando para ello las redes sociales.

En ese caso, los procesados están identificados como Gustavo Eduardo Lainette Aloma y Gustavo Azócar Alcalá. Dicha información está contenida en el oficio N° 9C-301/2025 que el mencionado tribunal dirigió al Cicpc-San Cristóbal donde se señala que la orden de aprehensión contra Lainette y Azócar es porque los mismos están presuntamente incursos en los delitos de Extorsión Agravada, Promoción o Incitación al Odio, Revelación Indebida Agravada de Información Personal y Asociación Agravada.

Dichos delitos los habrían cometido Lainette y Azocar mediante la publicación de una serie de reportajes donde expone al ganadero tachirense Waldo Rujano Mora como una persona presuntamente ligado a delincuentes colombianos.

A raíz de esa serie de reportajes, Rujano Mora solicitó mediante una querella (acusación privada) procesar penalmente a Lainette y Azócar. Esa querella fue admitida por el Tribunal 7° de Control del Táchira, extensión San Cristóbal, según expediente SP21-P-2025-000044, al cual tuvimos acceso parcial. En el documento se lee que Rujano Mora negó las versiones publicadas por Azócar y Lainette las cuales considera “lesivas al honor de mi familia”.

Luego de haberse admitido la querella, el Ministerio Público citó a Rujano Mora para que ampliara la denuncia, originalmente interpuesta ante la Fiscalía Superior de Táchira, instancia que solicitó desestimarla.

Atendiendo a la citación, Rujano Mora se presentó a la Fiscalía 33 del Ministerio Público a cargo de Henry Acero, donde ratificó la denuncia contra Lainette y Azocar, pero además solicitó validar audios correspondientes a llamadas telefónicas donde se materializa la extorsión de esos dos procesados.

En los audios se le oye decir a uno de los encausados solicitar la suma de 15 mil dólares para “tumbar” de su portal los reportajes que Rujano Mora considera lesivos a su personalidad y honor familiar, “por tratarse de falsedades”, según lo expuso ante el despacho fiscal, comentó la fuente judicial.

Con información Última Noticias

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Este miércoles, familiares de Eudi Andrade, un joven mototaxista detenido el 29 de enero por presuntos funcionarios de la DGCIM, se congregaron frente a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo junto a activistas de ORFAVIDEH.

La reunión fue organizada para exigir información sobre el paradero, las razones y las condiciones de su detención, ya que desde su arresto, los familiares han recorrido múltiples centros de detención y oficinas del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo sin haber obtenido respuestas.

La situación de Eudi Andrade ha generado una profunda preocupación entre sus seres queridos y los activistas, quienes continúan buscando respuestas en medio del silencio absoluto de las autoridades.

Provea, a través de su cuenta en X, compartió fotos y videos de la concentración, destacando la determinación de los familiares y activistas por obtener respuestas.

La madre de Eudi Andrade expresó su frustración en una concentración: “Hoy, martes 26 de marzo, nos encontramos aquí de frente a la sede del Ministerio Público pidiendo que nos den respuestas sobre un fiscal de Derechos Humanos por el caso de mi hijo, Eudi Jesús Andrade Bucar, quien está desaparecido desde el 29 de enero. Ya hoy, 56 días sin respuesta, sin saber nada de él. He ido a todos los sitios y nadie me da respuesta. Lo que hacen es mandarme de un lado al otro. De aquí al Ministerio Público me mandan a la sede de los Derechos Humanos, de aquí me mandan a la Defensoría. He ido a todos los sitios y nadie me da respuesta. Solo me dicen que debo esperar”.

Tras 56 días de desaparición forzada, familiares de Eudi Andrade y activistas de @Orfavide se concentraron este miércoles en la sede del Ministerio Público, en Parque Carabobo, para exigir respuestas sobre el paradero, las causas y las condiciones de detención del jóven.… pic.twitter.com/VkGk8IEWnv

— PROVEA (@_Provea) March 26, 2025

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Este jueves, 13 de febrero, el opositor venezolano Andrés Velásquez negó que Luis Somaza -activista político del partido antichavista Voluntad Popular (VP)- sea un delincuente, luego de que se conociera su detención este miércoles.

A través de X, el también exgobernador calificó de «secuestro de carácter político» el arresto de Somaza, pese a que las autoridades de la Administración de Nicolás Maduro no han confirmado que el dirigente político esté detenido.

«Como ya es costumbre le montarán el expediente favorito de la dictadura, para todo el que piensa distinto: terrorista, asociación para delinquir, etc», afirmó Velásquez, en referencia a los delitos que, según partidos opositores y varias ONG, se les ha imputado a los detenidos poselectorales, a quienes consideran inocentes.

El miércoles, tras denunciar la detención, VP aseguró que desconoce el paradero de Luis Somaza y exigió que quede liberado «inmediatamente».

«No ha cometido ningún delito. No vamos a normalizar la criminalización del activismo político por parte del régimen», escribió la formación en la red social X.

El partido compartió un video de Valeria Somaza, hermana del dirigente, quien denunció que este 12 de febrero se lo llevaron «de su casa» unos «personajes encapuchados, vestidos todos de negro, sin ninguna identificación».

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En horas de la noche de este miércoles el partido opositor, Voluntad Popular (VP), exigió la liberación inmediata de su activista Luis Somaza, detenido la noche de este 12 de febrero.

A través de su cuenta en la red social X, la tolda política precisó, «Denunciamos ante el país y la comunidad internacional que la dictadura de Nicolás Maduro, secuestró a nuestro dirigente político Luis Somaza este 12 de febrero y desconocemos su paradero».

«Somaza es un dirigente pacífico, comprometido con la democracia en Venezuela, no ha cometido ningún delito. No vamos a normalizar la criminalización del activismo político por parte del régimen», sentenció VP.

«Exigimos que sea liberado inmediatamente y emplazamos a la comunidad internacional a estar atentos a lo que pueda ocurrirle. No podemos permitir que Luis Somaza entre en la larga lista de presos políticos de la dictadura. ¡#LiberenASomaza YA!», se puntualizó.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos conversó con familiares del dirigente opositor e indicaron que más de 10 sujetos vestidos de negro y armados llegaron a la residencia donde se encontraba y se lo llevaron. Asimismo señalaron que las camionetas en la que lo trasladaron no tenían placa.

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Un grupo de migrantes venezolanos llevó a cabo este viernes una emotiva protesta en la emblemática Plaza de Mayo de Buenos Aires, rindiendo homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que lucharon por la verdad y la justicia durante la dictadura militar argentina.

Los activistas exigieron la liberación de cerca de 2.000 presos políticos en Venezuela y el fin del terrorismo de Estado bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Con carteles y fotografías que mostraban los rostros de algunos disidentes encarcelados, los manifestantes marcharon alrededor de la Pirámide de Plaza de Mayo, al grito de “¡Dictadores nunca más!”. La secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), Elisa Trotta, enfatizó la gravedad de la situación en Venezuela, describiendo al régimen como una “tiranía criminal” que persigue, secuestra y tortura a quienes piensan de manera diferente. Trotta comparó la dictadura actual con las de Videla y Pinochet, subrayando que la defensa de los derechos humanos debe ser universal y sin ideologías.

Trotta hizo un llamado a la comunidad internacional para que responsabilice a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Destacó la importancia de la causa abierta en la Justicia Federal argentina y las órdenes de captura emitidas contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen chavista. “Es urgente que la Corte Penal Internacional actúe y solicite la detención de Maduro”, añadió, resaltando que cada día que pasa se traduce en nuevas víctimas.

Charbel Najm, vicepresidente de la ONG Alianza por Venezuela, también participó en la protesta y recordó que desde 2014, el régimen de Maduro ha acumulado más de 18.000 detenciones arbitrarias y cerca de 400 asesinatos en el contexto de protestas. “Todo el que calla ante estos crímenes se convierte en cómplice”, afirmó Najm, insistiendo en que ante una dictadura solo hay dos posturas: Estar con los derechos humanos o con los criminales.

Entre los participantes estaba Olga González, cuyo esposo fue asesinado por agentes policiales durante las protestas en Venezuela en 2017, quien exigió justicia para todas las víctimas y que los responsables paguen por sus crímenes. Mariela Estanga, hermana de Jhonnathan Rodriguez, un joven detenido desde el 29 de julio, también alzó su voz en la manifestación, pidiendo la liberación de su hermano, a quien considera inocente y víctima de una detención arbitraria.

La protesta también contó con la presencia de activistas cubanos, quienes se unieron al clamor por la libertad de los presos políticos en Cuba. Luis Alberto Mariño, de la asociación de Cubanos Argentinos por la Libertad (CAL), declaró que “todas estas dictaduras utilizan a la población como rehén” y subrayó que la única manera de lograr la libertad es poniendo fin a estos regímenes opresivos.

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Dinnora Rodríguez, de 49 años, madre de dos hijos y destacada líder gremial y activista, fue detenida arbitrariamente el pasado miércoles por la Policía Nacional Boliviana (PNB) en el estado Portuguesa.

Su arresto ha suscitado una fuerte condena por parte del partido Voluntad Popular (VP), que ha hecho un llamado urgente en redes sociales para exigir su liberación.

Dinnora, quien desempeña el cargo de coordinadora de Gremios en el municipio Túren, padece un trastorno depresivo ansioso diagnosticado, lo que agrava su situación de vulnerabilidad y pone en riesgo su salud física y emocional. L

“Exigimos su liberación inmediata y el cese de la persecución política. ¡No más injusticias! Libertad inmediata para Dinnora Rodríguez”, sentenció VP.

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El partido opositor de Venezuela Voluntad Popular (VP) exigió este jueves al gobierno de Nicolás Maduro liberar «inmediatamente» a su dirigente Roland Carreño, detenido, por segunda vez, el pasado 2 de agosto.

«¡Roland Carreño debe estar libre!», expresó en X la formación, que señaló al activista como un «dirigente, periodista y defensor de derechos humanos ejemplar».

En ese sentido, aseguró que «todos» saben que Carreño «no ha cometido ningún delito» y, por tanto, debe quedar -sostuvo- «liberado inmediatamente».

«2025, como año de la libertad, debe encontrar a Venezuela sin un solo preso político. ¡Liberen a Roland! ¡Liberen a los presos políticos!», agregó VP.

Carreño quedo detenido, por primera vez, el 26 de octubre de 2020 -acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra- y excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el Gobierno y la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, en Barbados.

Este jueves, VP también denunció que el Gobierno de Maduro suspendió, hasta el próximo lunes, las visitas y entregas de alimentos a los considerados «presos políticos» recluidos en el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

Agencias

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El activista por los derechos humanos venezolano Edward Ocariz fue excarcelado la noche de este lunes 23 de diciembre, según confirmaron familiares a la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Ocariz, quien había estado injustamente detenido en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, fue reconocido por su lucha en defensa de los derechos de los más vulnerables.

La ONG Provea informó a través de su cuenta de X, que Ocariz fue arrestado el 2 de agosto en Caracas sin una orden de allanamiento ni de captura, en medio de una crisis postelectoral.

Durante su detención, no se le permitió designar abogados de confianza y fue víctima de abusos, incluyendo amenazas por parte de simpatizantes del gobierno.

Este lunes, la Fiscalía General de Venezuela anunció la excarcelación de 223 personas detenidas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, lo que eleva el total de liberaciones a 956.

Sin embargo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos expresó su escepticismo sobre la cifra oficial, señalando que ha habido precedentes de desinformación por parte del gobierno.

El comunicado de la Fiscalía vinculó las detenciones a «graves hechos que pretendían generar una guerra civil» tras las protestas que estallaron en todo el país contra los resultados electorales que otorgaron una cuestionada reelección a Nicolás Maduro.

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