El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) ha ampliado su denuncia penal contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Justicia Federal de Argentina, enfocándose en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Esta nueva acción legal incluye el asiento a la Embajada de Argentina en Caracas, donde cinco opositores venezolanos se encuentran asilados.

La denuncia fue presentada por el abogado Tomás Farini Duggan ante el fiscal federal Carlos Stornelli, y detalla las amenazas y violaciones que enfrentan Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González. Estos opositores, reconocidos formalmente como refugiados por el gobierno argentino, viven bajo un constante cerco impuesto por las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro.

Entre las acciones denunciadas se encuentran la interrupción de servicios básicos, restricciones en el acceso a alimentos y agua potable, así como el sobrevuelo de drones y la presencia de francotiradores en los alrededores de la sede diplomática. El FADD sostiene que estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional, y exige que Maduro y su gobierno sean responsabilizados por sus acciones.

Además, la organización subraya que la negativa a otorgar salvoconductos y asilo a personas reconocidas como refugiadas representa una violación clara de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, suscrita por Argentina y Venezuela.

“No vamos a descansar hasta que los responsables del asentamiento a la embajada argentina paguen por sus crímenes”, afirmó Waldo Wolff, presidente del FADD.

Por su parte, Elisa Trotta, secretaria general de la organización, destacó que el cerco impuesto diplomático por el régimen chavista convierte la embajada en una prisión, sometiendo a los refugiados a condiciones inhumanas.

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El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), promotor de la denuncia en Argentina contra Nicolás Maduro, confió este miércoles en Madrid en que Interpol active las «notificaciones rojas» de búsqueda internacional del izquierdista venezolano tras la orden de detención dictada por un tribunal de Buenos Aires.

Interpol es libre para decidirlo o no, pero se trata de lograr que la organización policial internacional lo discuta y vote, explicó a EFE Tomás Farini Duggan, representante legal de la ONG FADD, una organización integrada por políticos e intelectuales argentinos.

«No a va a ser nada fácil», matizó el abogado argentino, pues Maduro es un mandatario extranjero, con «inmunidades que lo amparan», y su posible detención dependería en última instancia de la voluntad de las autoridades de los países a los que el presidente y sus colaboradores pudieran viajar.

Cabe destacar que la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ordenó en septiembre pasado la detención de Maduro y de varios de sus colaboradores por presuntos delitos de lesa humanidad, en una causa abierta a inicios de 2023 por una denuncia de FADD basada en el principio de jurisdicción universal, que recoge la Constitución argentina.

El abogado también pidió que la Corte Penal Internacional «ordene la captura de Maduro», tras llevar unos 9 años de investigación de delitos de lesa humanidad.

Con información de ACN

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